El Caso Kamenova, cuando el consumidor se convierte en comerciante.

Con el auge de plataformas de compraventa e intercambio como las que ya hemos mencionado, estos servicios se configuran como intermediarios neutrales y con nula interacción entre las partes, siendo estas las protagonistas en los negocios jurídicos.

Ahora bien, los problemas surgen cuando la interacción entre estos usuarios se transforma en una compraventa en la que no se terminan de perfilas bien las partes. ¿Nos encontramos en un supuesto dónde ambos son consumidores (C2C) o puede tratarse de un negocio entre una persona jurídica y un consumidor (B2C)? No olvidemos que, en el marco normativo nacional, si atendemos a lo dispuesto por el artículo 3 del TR-LGDCU, una persona jurídica puede revestir carácter de “consumidor” cuando actúa fuera de su ámbito profesional y que, por tanto, podemos incluso encontrarnos con supuestos dónde esta persona jurídica adquiera un producto de un particular (relación C2B, menos usual, pero posible).

El conglomerado de opciones y configuraciones es diverso, sin duda, pero en lo que nos ocupa, veremos que las dudas que surgen a la hora de atribuir la condición de “consumidor” o “empresario” son más complejas de lo aparente.

1.1. Supuesto.

En el Asunto C-105/17 (Caso Komisia za zashtita na potrebitelite vs. Evelina Kamenova), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea conoce de una cuestión prejudicial elevada por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Varna, Bulgaria.

En este asunto, un consumidor adquiere un reloj de pulsera en el sitio web www.olx.bg (una web de compraventa a distancia de productos de segunda mano). Al considerar que el producto no responde a las características que se indicaban en el anuncio publicado en la página web en cuestión, presentó una reclamación ante la Comisión búlgara para la protección del consumidor una vez que el vendedor del producto se negase a devolver el importe pagado por el artículo.

La Comisión búlgara para la protección del consumidor realizó las correspondientes pesquisas hasta averiguar que tras el alias usado por el vendedor en la web se encontraba la Sra. Kamenova.

Asimismo, el prestador del servicio responsable de la plataforma www.olx.bg puso en conocimiento de este organismo que la Sra. Kamenova había puesto a la venta ocho artículos adicionales en dicha web y que, entre estos productos, se encontraba el reloj objeto del litigio.

Presentado el caso, el punto principal que nos interesa tratar no es otro que conocer si este tipo de actuaciones alteran la condición de consumidor del vendedor convirtiéndolo, a ojos del marco normativo comunitario, en empresario.

Con el auge de plataformas de compraventa e intercambio como las que ya hemos mencionado, estos servicios se configuran como intermediarios neutrales y con nula interacción entre las partes, siendo estas las protagonistas en los negocios jurídicos.

1.2. Marco normativo

En este caso, nos interesa tener presente el siguiente marco normativo (comunitario):

  • Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores. à Considerandos 14 y 15 y artículos 1 a 3 de la Directiva.
  • Directiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores. à Artículos 1 a 3 de la Directiva.

1.3. Desarrollo jurídico

Como ya hemos adelantado, las cuestiones presentadas partían de la dificultad interpretativa de la noción de “comerciante” de las Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en el marco de la protección de los consumidores.

Más concretamente, la cuestión apunta a si una persona física que publica simultáneamente en un sitio de internet una serie de anuncios en los que ofrece a la venta bienes nuevos y usados puede ser calificada como “comerciante” en el sentido del artículo 2, letra b) de la Directiva 2005/29/CE y del artículo 2.2 de la Directiva 2011/83/UE y si, de otra parte, dicha actividad constituye una “práctica comercial” en el sentido del artículo 2, letra d) de la Directiva 2005/29/CE.

En esta situación, lo importante es conocer, en primer lugar, (I) si la Sra. Kamenova reviste la condición de comerciante y, en segundo lugar, (II) de darse tal condición, entrar a valorar si las prácticas de esta se integran como prácticas comerciales desleales a efectos de la Directiva 2005/29/CE.

De esta forma:

(I) El concepto de “comerciante” recogida en las Directivas ya mencionadas es prácticamente similar. Así, se entenderá por “comerciante”; cualquier persona física o jurídica que, en las prácticas comerciales contempladas por la presente Directiva, actúe con un propósito relacionado con su actividad económica, negocio, oficio o profesión, así como cualquiera que actúe en nombre del comerciante o por cuenta de este. (ex art. 2, letra b) de la Directiva 2005/29/CE)[1]

Pero como se aprecia en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en las Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar, es totalmente posible afirmar que para calificar como “comerciante” a un particular que “sube” o “cuelga” anuncios en un portal de compraventa de artículos nuevos o de segunda mano, deben concurrir la totalidad de elementos que describen las definiciones contenidas en las Directivas que venimos tratando.

A esto añade el Abogado General que para poder otorgar la calidad de “comerciante”[2] a personas física o jurídicas al amparo normativo de las Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE, debe atenderse al caso concreto. Así, se describen los siguientes criterios a seguir por los tribunales nacionales para poder llevar a cabo un correcto análisis que permita identificar la verdadera naturaleza de los sujetos implicados en estos asuntos[3]:

  • Comprobar si la venta en una plataforma en línea se ha efectuado de forma planificada y con fines lucrativos.
  • Si dicha venta responde a una duración y frecuencia determinadas.
  • Si el vendedor posee un estatuto jurídico que le permite realizar actos de comercio, y en que medida la venta en línea está vinculada a la actividad comercial del vendedor.
  • Si el vendedor está sujeto a IVA.
  • Si el vendedor, actuando en nombre de un comerciante determinado o por cuenta de este o a través de otra persona en su nombre o siguiente instrucciones, ha obtenido una remuneración o una participación en los resultados.
  • Si el vendedor compra productos nuevos o usados con intención de revenderlos, confiriendo de este modo a dicha actividad un carácter de periodicidad, una frecuencia o una simultaneidad con respecto a su actividad profesional.
  • Si el importe del beneficio obtenido por las ventas confirma que la operación realizada forma parte de una actividad comercial.
  • Si los productos en venta son todos del mismo tipo o del mismo valor, en particular, si la oferta se concentra en un número limitado de productos.

Estos no son criterios numeus clausus ni mucho menos. Este listado puede verse ampliado y detallado en mayor o menor medida a la vista de los Tribunales nacionales que sean competentes y estén conociendo de supuestos similares en los que puedan llegar a entrar en juego.

(II) La STJUE no atribuye la condición de comerciante a la Sra. Kamenova y, por tanto, no procede entrar a pronunciarse sobre “práctica comercial desleal” alguna, No obstante, si que resulta de gran interés conocer y tensar los límites que el propio Abogado General establece y el Tribunal adopta en su Sentencia.

¿Es posible acotar una periodicidad “tipo” que permita delimitar el comienzo de una actividad o práctica comercial?

¿Cuál es el volumen económico que debe valorarse como mínimo para atribuir la condición de “comerciante” a un particular que hace uso de este tipo de servicios?

¿Si un particular sube decenas de productos a servicios de este tipo pero su valor es ínfimo estamos también ante un “comerciante”?

¿Estos criterios funcionan de forma autónoma o cumulativamente?

Son muchas las preguntas que pueden formularse al hilo de este supuesto y seguro que la transformación digital constante dará pie al surgimiento de realidades alternativas que dificulten la aplicación de los criterios jurisprudenciales fijados por el TJUE.

¿Qué conclusión sacamos de esto? La primera de ellas. Que el abanico interpretativo es amplio y que un particular puede llegar a ser considerado “comerciante” a efectos prácticos con el objetivo de proteger los derechos e intereses de los consumidores en el marco jurídico comunitario y nacional.

Y la segunda de ellas; ninguno de nosotros nos escapamos a la plasticidad del derecho de consumidores.

Un placer contar con vuestro apoyo. Esperamos que este breve post os haya gustado y que os pueda llegar a servir en futuros pleitos. Un saludo,

 


 


[1] Si acudimos a la definición acuñada por la Directiva 2011/83/UE, el artículo 2.2 nos dice lo siguiente; «comerciante»: toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión en relación con contratos regulados por la presente Directiva.

[2] El espíritu del artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea marca un objetivo común, el buen funcionamiento del mercado interior y garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en el marco legal comunitario. Por ende, la definición que ofrecen las Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE al enmarcarse dentro de este marco proteccionista, apuntan de una manera casi idéntica a las figuras del comerciante y consumidor, facilitando la identificación de cada una de las mismas.

[3] Apartado 51 y 52 de las Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar en el Caso Kamenova.

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