Los contratos de colaboración mercantil y el contrato de franquicia

En el ámbito empresarial es común encontrarse con situaciones en las que empresas de un tamaño considerable tratan de experimentar con mecanismos que les permitan mantener su situación de crecimiento constante y, a la par, procurar una alternativa paralela a este crecimiento mediante la externalización de sus servicios y de la producción a fin de procurar una reducción de costes y una mejora de la rentabilidad y competitividad de la empresa en el sector.

Y uno de los «canales» a través de los cuales alcanzar este objetivo es mediante los conocidos como contratos de colaboración mercantil. Grosso modo, esta denominación integra una tipología muy diversa de contratos, como indicaré más adelante, pero, con carácter general, se trata de tipos contractuales en los que las partes se obligan a la realización de labores o gestiones de intereses de terceros – intereses ajenos – a cambio de una contraprestación, normalmente económica.

1. INTRODUCCIÓN

Este tipo de contratos vienen a ser entendidos, dentro del derecho mercantil, como la asunción de obligaciones estrechamente vinculadas con la gestión de los intereses ajenos a cambio de alguna contraprestación.

No obstante, no existe una regulación sectorial propia que aglutine cada uno de estos tipos, incluso, algunos son considerados contratos atípicos, dificultando aún más si cabe la aplicación de un marco jurídico adecuado.

Así, con carácter general, podemos diferenciar entre; el contrato de comisión – que se encuentra regulado en los artículos 244 y siguientes del Código de Comercio en conjunción con el artículo 1.709 del Código Civil- el contrato de franquicia – regulado en el artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y por el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, que regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia – el contrato de agencia – regulado en la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de agencia – el contrato de corretaje o mediación – contrato atípico que se aplica con carácter supletorio al régimen de la comisión mercantil- o el contrato de factoring.[1]

Si atendemos a las necesidades que presenta la sociedad de responsabilidad limitada y la proyección a corto-medio plazo respecto de la situación primitiva – entendida como punto de origen, surgimiento o entrada en el mercado/sector – se presenta como una opción a considerar la colaboración a través del contrato de franquicia, cuyo objeto, grosso modo, se consolida en el derecho de explotación de un sistema propio – un know-how o «saber hacer propio«[2]– que aporta una ventaja frente al resto de competidores que desempeñan la misma actividad en el mismo sector – siendo un elemento lo suficientemente atractivo para atraer a terceros interesados en este tipo concreto de funcionamiento y, por ende, al régimen de franquiciado.

2.. SOBRE EL CONTRATO DE FRANQUICIA

Es común que cuando una empresa toma la decisión de hacer un seguimiento del crecimiento realice una planificación a partir de la cual proceder con una u otra estrategia atendiendo, ya no solo a circunstancias intrínsecas de la propia sociedad sino, también, tomando en consideración aspectos y factores externos a la misma. Hemos tratado ut supra algunos de los posibles métodos de crecimiento y desarrollo empresarial así como algunas de las vías contractuales por las que puede encauzarse dicha iniciativa y, finalmente, es posible afirmar que el contrato de franquicia presenta una serie de puntos clave sobre los que configurar esta planificación.

Además, debemos anotar que el contrato de franquicia tiene una regulación un tanto dispersa, a la par que escasa – puesto que, el artículo 62 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista y el Real Decreto 201/2010 de 26 de febrero, por el que se regula la actividad comercial en régimen de franquicia, son las únicas muestras de nuestro ordenamiento jurídico de regulación material sectorial de esta figura contractual.

La franquicia, por tanto, puede conceptualizarse[3] como una fórmula por la que se promueve el asociacionismo comercial a través de un contrato entre dos partes – identificadas como franquiciado y franquiciador – que entablan una relación jurídica fundada en una serie de obligaciones y derechos por los cuales se autoriza la explotación de una marca, modelo de negocio y servicio por parte del tercero franquiciado.

El artículo 2.1 del Real Decreto 201/2010, que regula la actividad comercial en régimen de franquicia, introduce una visión aplicada del contrato de franquicia, una visión que se puede concretar en los siguientes puntos clave:

  • El contrato de franquicia requiere, de una parte, un franquiciador – la empresa – cede al franquiciado el derecho de explotación del modelo de negocio y actividad de la franquiciadora, de forma que se desarrolle en los mismos términos por los que la empresa franquiciadora hubiera alcanzado el éxito anteriormente dentro del sector.
  • El contrato de franquicia persigue, a su vez, un margen de rentabilidad, por lo que se exige una serie de contraprestaciones al franquiciado, entre las cuales se encuentran el canon de entrada, los royalties periódicos– regalías que sufraga el franquiciado por el derecho de goce y uso de la marca, asistencia técnica y modelo de explotación- y el fondo de publicidad.
  • Uno de los valores sobre los que se construye el contrato de franquicia es su carácter, a menudo, exclusivo ( de carácter territorial o de distribución) basado en la no competencia entre franquiciado y franquiciador – cuestión lógica puesto que lo que se posibilita a través del contrato de franquicia es una vía de competir con otras empresas del sector- aunque esta exclusividad se encuentra limitada a las disposiciones legales del ordenamiento jurídico.

El artículo 62.2 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista exige, con un plazo mínimo de veinte días, que el franquiciador haga entrega, por escrito, al futuro franquiciado de la información necesaria para que pueda decidir libremente y con conocimiento de causa su incorporación a la red de franquicia. En dicha información habrá de concretarse los datos principales de identificación del franquiciador, la descripción del sector de actividad del negocio, el objeto de la franquicia, el contenido y las características de la franquicia y de su explotación, su estructura y la extensión de la red y elementos esenciales del propio acuerdo en sí- toda esta documentación en el ámbito práctico se denomina D.I.P o Dossier de Información Precontractual. [4]

Llegados a este punto, ya tenemos el modelo y planificación del crecimiento de la sociedad totalmente desarrollados, tenemos una fórmula contractual que nos permite expandir la sociedad a través de mecanismos de colaboración comercial pero, si ponemos todo esto en contraste ¿Cuáles son algunas de las ventajas de elegir el contrato de franquicia?

  • No requiere un desembolso monetario como tal por parte de la empresa franquiciadora sino que, más bien, podemos hablar de una colaboración fundada en la compartición del método empresarial a cambio de una serie de contraprestaciones por parte del franquiciador.
  • Existe un menor riesgo de fracaso para ambas partes. De un lado, el franquiciador desarrolla una estrategia de crecimiento híbrida – es decir, puede ampliar su radio de actividad geográfica, amplía la estructura y descentraliza la prestación del servicio a partir de terceros ajenos a la sociedad – mientras que de otro lado, el franquiciado obtiene un asesoramiento y asistencia continuada por parte del franquiciador, adquiere las pautas básicas para el desarrollo de la actividad y, además, puede explotar un modelo de negocio que previamente ya ha tenido éxito.
  • Los contratos de franquicia constituyen un beneficio mutuo para las partes. La parte franquiciada tiene acceso a la cartera de clientes con la que ya contaba la empresa franquiciadora mientras que, ésta última, la amplía a través de la entrada en otros segmentos de clientes a los que antes le era imposible llegar.
  • En suma, los contratos de franquicia no obligan a disponer de los medios propios de la empresa franquiciadora para que produzca una colaboración efectiva. No es la empresa franquiciadora quien tiene que hacer una búsqueda activa de inmuebles dónde ubicar un nuevo establecimiento, no se tiene por qué disponer de los medios con los que cuenta la sociedad. En la franquicias es el franquiciado quien cuenta con una posición similar a la de un “adherente” encargado de disponer los medios para que se realice de forma efectiva la actividad empresarial.
  • Otro de los puntos clave en favor del contrato de franquicia; la posición dominante del franquiciador frente al franquiciado respecto de los términos contractuales. Antes hemos dicho que el franquiciado tiene una condición similar a la de un “adherente” dado que los contratos de franquicia contienen una serie de cláusulas generales que, con carácter general, no suelen modificarse ni negociarse entre las partes – cuestión que ha sido debatida en la jurisprudencia nacional y europea sobre cláusulas de contenido abusivo, no transparentes y nulas – lo que permite tener un mayor control a la parte franquiciadora.[5]

Por todo lo anterior, el contrato de franquicia es, sin duda, una de las alternativas para la “expansión” geográfica y comercial empresarial más utilizadas [6] ello con independencia del resto de figuras contractuales antes indicadas.


[1] J. Jiménez Sánchez, G., Díaz Moreno, A., (Coords.). Lecciones de Derecho Mercantil. Madrid: Tecnos, 2015 (18.ª ed.).

[2] Entendido el know-how como el saber hacer de una empresa. Se trata de un término aplicable, ya no solo a la parte operativa, sino también a la estructural y organizativa en tanto se configura como una agrupación de conocimientos de la compañía que han sido parte del éxito de la misma.

[3] Vid. STS 145/2009, de 9 de marzo de 2009, Fundamento Jurídico Tercero. Alude a la STS de 30 de abril de 1998 que vino a calificar el contrato de franquicia de atípico atendiendo a la definición aportada por la doctrina; “ aquel que se celebra entre dos partes jurídica y económicamente independientes, en virtud del cual una de ellas -franquiciador- otorga a la otra -franquiciado- el derecho a utilizar bajo determinadas condiciones de control, y por un tiempo y zona delimitados, una técnica en la actividad industrial o comercial o de prestación de servicios del franquiciado, contra entrega por éste de una contraprestación económica.”

[4] Sin ánimo de entrar a valorar todos los elementos con los que ha de contar, con carácter general el contrato de franquicia, podemos distinguir los siguientes: derechos y obligaciones del franquiciado, derechos y obligaciones del franquiciador, los servicios que se suministren al franquiciado, las condiciones de utilización de la marca, las condiciones principales del suministro y la asistencia continua del franquiciador al franquiciado, las contraprestaciones financieras del franquiciado, la duración del contrato y las condiciones de renovación, cesión y/o rescisión del contrato.

[5] Vid. Teva Villén, M. R., Pérez González, B., Franquicias en el Sector Deportivo, Dykinson, Madrid, 2021.

[6] Vid. Torrubia Chalmeta, B., “El contrato de franquicia”, Cuadernos de Derecho y Comercio, Nº. 54, 2010, págs. 297 a 335.

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