DEBEMOS ¿VULGARIZAR? EL DERECHO

Cada vez que intento redactar un artículo o post para Lato Sensu me encuentro con una constante. Algo que no me parece, ni de lejos, normal pero que, si que a mi parecer puede suponer una barrera de entrada, un obstáculo para el acceso al conocimiento. El Derecho, como rama del conocimiento, requiere de una dedicación continuada para consolidar su entendimiento, para poder entender el porqué de la interpretación consolidada en una u otra resolución jurisprudencial. Ello sin olvidar la fuerte tendencia investigadora en ramas del conocimiento jurídico de nueva aparición. Lo que se conoce como Derecho Digital, al que tantas veces hago referencia y que, aunque parezca algo moderno, sus raíces se encuentran enterradas en lo más profundo del derecho civil, al menos la parte funcional y más cercana a los usuarios.

La espectacularidad de este “nuevo” sector suele estar vinculada con la cercanía a las nuevas tecnologías, la aparición de la Sociedad de la Información y de la Web 2.0, pero también se encuentra estrechamente unida a la figura de la persona destinataria de estos servicios, lo que tendemos a conocer como “usuario” registrado o, más bien, la punta de lanza para poder incardinar el Derecho de Consumo dentro de esta nueva rama jurídica. ¿Dónde quiero llegar con esto? Os preguntaréis. Me gusta resumirlo de la siguiente forma. “Ni todo lo nuevo es novedoso, ni todo lo novedoso es nuevo”. Cada año vemos como productos tecnológicos se promocionan con unas características similares dejando de lado la innovación en su más puro estado pero, ¿Dónde radica esta diferencia entonces?.

Cuando se presenta por primera vez un producto en el mercado podemos hablar de algo “novedoso”, sin embargo, cuando se presenta la secuela a este producto con una serie de mejoras pero sin romper el esquema ya construido por la promoción del producto germen, entonces, hablamos de algo “nuevo”. Lo mismo ocurre con algunos aspectos del Derecho Digital y seguirá ocurriendo con las sucesivas apariciones de cuestiones jurídicas en el futuro. Muchas de ellas encontrarán origen en los bloques generales del Derecho ya sentado mientras que, otras muchas, requerirán de investigación, de un método de estudio y análisis “novedoso”.

 

Y llegados a este punto ¿Qué tiene todo esto que ver con la vulgarización del derecho?. Desde que finalicé el Grado en Derecho he valorado en muchas ocasiones cómo poder acercar todo lo que a mi parecer resulta interesante dentro del mundo jurídico a personas que, o bien desconocen la existencia de este campo o bien son legas en la materia y que, por tanto, desconocen el total funcionamiento del ordenamiento jurídico en cuestiones tan cotidianas como el uso de una red social. Y por eso lanzo una pregunta generalizada ¿Es posible dar a conocer el Derecho sin caer en la vulgarización del mismo? ¿Es incompatible la explicación general del derecho sin caer en latinismo y tecnicismos excesivos que comporten una curva de aprendizaje desmedida?.

No entendería la vulgarización absoluta de la terminología legal en tanto la propia solemnidad de este lenguaje es inherente a su naturaleza. Sería como retirar parte de sus características más vitales que le permiten mantenerse dentro del léxico legal y, a la par, mantener un cierto nivel de comprensión general para todas las personas legas en la materia jurídica. Es por ello que, a medida que avanzamos en la modernización y digitalización de la sociedad, y en tanto el Derecho es un “ser vivo” adaptativo al entorno social, económico, demográfico, político y a un sinfín de factores añadidos, éste ha de evolucionar en su más pura expresión, que no es otra que el lenguaje y terminología.

Esta adaptación no viene motivada por el azar sino que, ya desde el año 2002, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia contenía una serie de directrices suficientemente claras a la hora de abordar la comprensibilidad de la Justicia y del lenguaje jurídico. Pero esta labor de modernización no quedó aquí y continuó, ya en 2009, con la constitución de la Comisión de expertos de Modernización del Lenguaje Jurídico, hecho promovido por el propio Ministerio de Justicia. Las funciones que se le atribuían eran más que claras y su motivo quedaba reflejado en el Informe emitido por la Comisión en 2009, en el que rezaba lo siguiente:

Las quejas formuladas ante el Servicio de atención al ciudadano del Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ) indican que el lenguaje jurídico es críptico y oscuro, y que resulta incomprensible para el ciudadano, especialmente en aquellos procedimientos en los que no es preceptiva la asistencia letrada.

Precisamente en este informe se contenían una serie de consideraciones o “Guidelines” a seguir por los profesionales y a las instituciones a la hora de comunicar el lenguaje jurídico al particular no familiarizado con la complejidad de este léxico. Y ya no solo hablamos de términos “vagos” o “ambiguos” sino que incorpora la variable de utilización de tecnicismos y aforismos latinos más allá de los límites contextuales que pudieran preverse para los mismos, o en otras palabras, sin caer en el estilo coloquial del lenguaje, abordar cuestiones del día a día jurídico aplicando, en la justa medida, los tecnicismos y aforismos propios del lenguaje legal sin caer en un lenguaje oscuro, opaco e incomprensible para el particular lego en la materia.

Incluso, es fácil encontrar esta pretensión de adaptación práctica en el Reglamento de organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto el 2 de junio de 1944. La reforma operada en este Reglamento a través del Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, alteró levemente la redacción del artículo 148 del Reglamento que, aun sin ver cambiado sustantivamente su contenido, dispone lo siguiente:

[…] Los instrumentos públicos deberán redactarse empleando en ellos estilo claro, puro, preciso, sin frases ni término alguno oscuros ni ambiguos, y observando, de acuerdo con la Ley, como reglas imprescindibles, la verdad en el concepto, la propiedad en el lenguaje y la severidad en la forma.

Sumado a todo esto, en 2017 se publicó el Libro de estilo de la Justicia, dirigido por Santiago Muñoz Machado, que iría más allá del mero análisis del uso del lenguaje jurídico hasta el estudio pormenorizado de la estructura de la oración dentro del documento legal.

Con estos antecedentes entiendo posible la extracción de dos ideas clave; la primera de ellas, el Derecho y el lenguaje jurídico son dos caras de la misma moneda. Desprender al Derecho de su lenguaje propio supondría “desvestirlo” hasta el punto de desnaturalizarlo. Y en segundo lugar, considero que, más que vulgarizar el Derecho lo que debería hacer es culturizar lo coloquial, hacer que no se entienda el comprender el ámbito jurídico como un obstáculo insalvable sino como un tema novedoso e interesante, acercarlo al público a través de los nuevos medios y hacer conocedores a la pluralidad de las personas de nuestra sociedad que el Derecho vive junto con todos nosotros, nos rodea y nos acompaña.

A modo de conclusión, creo que el Derecho, sobre todo la rama del conocimiento jurídico con un enfoque mucho más tecnológico y digital, ha de adaptarse a las nuevas realidades y medios de difusión con los que puede llegar a contar. La figura del “divulgador jurídico” va a consolidarse en los próximos años como un modo mucho más cercano de dar a conocer el mundo jurídico en su conjunto a la población. Y es precisamente a través de medios como este dónde se puede encontrar esa brillantez investigadora que junto con la divulgación pueden fortalecer los pilares para una nueva forma de entender, mostrar y dar a conocer el Derecho. Y precisamente, en este caso, no hablamos de vulgarizar el Derecho sino de adaptarlo a nuestra “Nueva Normalidad”.

Share this content: