El insulto en las redes sociales y la libertad de expresión

El ser humano es un ser social por naturaleza. Y hablar en la actualidad de socializar es, en muchos contextos, sinónimo de construir relaciones y sinergias entre personas más allá del tradicional método conocido comúnmente como “conversación”.

Gracias a parte, la comunicación es uno de los principales medios que, como personas, tenemos para poder relacionarnos con otros individuos. Obviamente, las barreras lingüísticas son obstáculos a salvar cuando tratamos con otras personas pertenecientes a otros países e, incluso, continentes.

Con la aparición de las redes sociales y de todos los medios digitales actuales, la comunicación ha dejado de ser un problema – ni que decir tiene que las barreras lingüísticas se han ido diluyendo más y más con todas las herramientas que están a nuestro alcance – posibilitando un intercambio sostenido de información, a través de plataformas de mensajería digital, entre dos personas situadas en los extremos contrarios del Globo.

Pero, como toda situación, surgen ciertas aristas; algunas naturales e inherentes a estos avances y otras derivadas, artificiosas y que requieren de una colaboración humana para llegar a consolidarse como una herramienta nociva.

Los avances digitales han permitido que las redes sociales prosperen llegando incluso a generar – en mi humilde opinión – una suerte de nuevo estatus social en el que la pertenencia a una u otra red social te hace tenedor de una posición determinada en el espectro social.

Y en línea con esto, la arista quizá más prominente en determinadas redes sociales, que se ha “normalizado” como algo “común”, “usual” e incluso “lógico”, es acudir al insulto como una forma más de expresión.

Así, han sido varias las ocasiones en las que los usuarios de una y otra plataforma han recurrido a las más duras vejaciones para referirse a otros usuarios o personas, con calado público o totalmente anónimas, desconocidas para el público en general, en contextos de lo más variopintos.

Ahora, la pregunta que muchas en muchas ocasiones deberíamos hacernos es ¿tiene encaje el “insulto” dentro de la libertad de expresión?

Nuestra Constitución (en adelante CE) recoge en su artículo 20.1 el derecho a la libertad de expresión:

            “Se reconocen y protegen los derechos:

  1. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. […]”

No obstante, este derecho no se encuentra exento de limitaciones de forma que, a renglón seguido, el propio artículo 20, en su punto 4 expone lo siguiente:

“4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.”

Cualquier persona está capacitada para ejercer de forma efectiva los derechos reconocidos en la Constitución Española, y cualquier plataforma puede servir como medio a partir del cual poder manifestar lo querido y/o pensado, las redes sociales son un claro ejemplo de ello.

Como bien se indica en el art. 20.4 CE, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión va de la mano con opiniones que no son del todo inocuas, pudiendo afectar a terceros. Ahí se encuentra el punto de ruptura, la cuerda en la que el particular pende sobre un profundo abismo que separa la libertad de expresión del atentado a la imagen, honor y/o intimidad de otra persona.

Si ya existían estos límites con carácter previo a las redes sociales y a otras plataformas asimiladas ¿Qué impide extender estos límites a estos nuevos entornos?

Este tipo de injerencias entre libertades y derechos fundamentales no es ajeno al Tribunal Constitucional quién, en numerosas ocasiones, se ha pronunciado sobre los límites contemplados a la libertad de expresión pero mayoritariamente en entornos no digitales como las redes sociales. Sin embargo, ello no significa que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desconozca de estos nuevos medios de relación interpersonal.

La Sentencia de 10 de mayo de 2021 del Tribunal Constitucional (STC 93/2021) es uno de los ejemplos más recientes en los que el TC tuvo que realizar un examen ponderativo entre el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa del derecho al honor.

Un breve extracto de los hechos del supuesto para conocer de forma sucinta el caso: “a) El 9 de julio de 2016 el torero don Víctor Barrio Hernanz falleció a consecuencia de una cornada en la plaza de toros de Teruel. Al día siguiente, la recurrente, concejal del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia), publicó en su cuenta de la red social Facebook, un texto en el que reproducía el titular de un medio de comunicación: “fallece el torero Víctor Barrio al sufrir una cogida en la feria de Teruel”, junto con una fotografía del torero en el momento en que fue corneado. El texto de la publicación, cuya traducción al castellano no ha sido cuestionada por las partes, es el siguiente:

“Podemos tratar de ver el aspecto positivo de las noticias para no sufrir tanto […] Ya ha dejado de matar.

El negativo, entre otros, claramente es que a lo largo de su carrera ha matado mucho. Muchos de los de mi equipo, que como digo siempre, es el de los oprimidos, los que siempre pierden porque tienen a todos los opresores en contra, porque tienen el partido amañado. Ahora los opresores han tenido una baja, una víctima más, un peón en su sistema, y me pregunto, como muchos, cuantas bajas más de este equipo harán falta para que los gobiernos centrales, generalitats, diputaciones y ayuntamientos dejen de subvencionar estas prácticas con olor a sadismo.

No puedo sentirlo por el asesino que ha muerto más que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso mientras vivió. No solo de toros adultos a lo largo de su carrera (según las estadísticas de su página oficial, ha acabado con 258 vidas desde 2008), sino que también novillos a lo largo de su aprendizaje en escuelas taurinas, en las cuales podemos encontrar niños que acaban normalizando situaciones como esta: ‘un alumno asestó hasta 14 estocadas al animal antes de que este cayera al suelo, donde fue apuntillado, y aún vivo y boqueando, tratando de tomar los últimos alientos de vida, fue arrastrado al matadero’”.

b) Doña Raquel Sanz Lobo, doña Esther Hernanz Romero y don Joaquín Barrio Águeda interpusieron demanda de protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen contra la recurrente en amparo, que tramitada como procedimiento ordinario, terminó por sentencia de 6 de noviembre de 2017 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Sepúlveda. Dicha sentencia declaró que el contenido del mensaje publicado constituye una intromisión ilegítima del derecho al honor de don Víctor Barrio Hernanz y entre otros pronunciamientos condenaba a la demandada a abonar a los actores la cantidad de siete mil euros en concepto de daños morales.”

La libertad de expresión ampara las expresiones de juicios de valor, la crítica de la conducta de otros  aun cuando la misma pudiera molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige – pues así lo requiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura que son pilares fundamentales de una sociedad democrática (STC 23/2010, de 27 de abril) – incluyendo aquellas manifestaciones que, aunque afecten al honor ajeno, se revelen necesarias para la exposición de ideas u opiniones de interés público (STC 181/2006, de 19 de junio, entre otras).

En línea con esto, la equivocada actuación de aquellos usuarios que, movidos bajo la sombra del anonimato, utilizan este tipo de medios de comunicación para proferir expresiones vejatorias y atentatorias contras otros usuarios queda lejos de ser un “legítimo ejercicio de la libertad de expresión”, argumento raído y que en muchas ocasiones es usado como estandarte que fundamente lo que equivocadamente se ha llamado “derecho al insulto”.

En palabras del Constitucional “la libertad de expresión en tanto que garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y por ello su ejercicio está sometido a límites constitucionales (STC 65/2015, de 13 de abril), siendo uno de ellos el respeto a los derechos reconocidos en el Título Primero y, especialmente, en lo que refiere al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (ex. art. 20.4 CE).

Es por ello que tensionar este límite no avala caer en la utilización del insulto en tanto no resulta una conducta amparada por la libertad de expresión, términos que recoge la profusa doctrina del Tribunal Constitucional al entender que “el ejercicio de la libertad de expresión no puede servir de excusa para el insulto, ni tampoco ser instrumento para menoscabar la dignidad del ser humano y su propio valor como persona”.

No existe, por tanto, un derecho al “insulto” amparado por la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene límites constitucionales que sirven como muros de contención para preservar un cierto balance y equilibrio con el resto de derechos y potestades amparadas en el Texto Constitucional. Las redes sociales no son ecosistemas exentos de respetar los preceptos constitucionales y, por ende, la utilización de usuarios y/o perfiles anonimizados no es una conducta exenta del cumplimiento y respeto de los valores protegidos por la Constitución, ello sin entrar a analizar las consecuencias penales derivadas de la comisión de posibles delitos de injurias y calumnias (recogidos en los arts. 205 a 216 del Código Penal).

 

 

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