Indicios probatorios en delitos telemáticos. Parte I

1.  LA PRUEBA POR INDICIOS. CONCEPTO

El Tribunal Constitucional ha sido quien, desde unos primeros pronunciamientos, ha venido reconociendo la existencia y validez de las pruebas por indicios y de la consideración de las mismas en el seno del proceso judicial. A la vista queda la STC  174/1985 (y la STC 175/1985) encargada de sentar las primeras consideraciones en torno a cómo se ha de configurar el estudio de los indicios probatorios y cómo éstos pueden acabar absorbiendo carga probatoria suficiente como para consolidarse como prueba de cargo. [1]

Aunque el Tribunal Constitucional no puede entrar a revisar la valoración que haga un Tribunal del orden penal, sí puede verificar la existencia de una prueba y si de las manifestaciones vertidas en los hechos probados cabe deducir su existencia y verosimilitud.

Podemos extraer de la STS 548/2009, de 1 de junio de 2009 (Rec. 1644/2008) como concepto u aproximación de “prueba indiciaria” a aquel proceso intelectual complejo que reconstruye un hecho concreto a partir de una recolección de indicios. Se trata, al fin y al cabo, de partir de una constatación de unos hechos mediatos para concluir los inmediatos, siendo, en este campo, extremadamente necesario la motivación de los argumentos para evitar incertidumbres en el hacer del juzgador.

En palabras del Tribunal Supremo, en su Sentencia 812/2016, de 28 de octubre de 2016, la prueba indiciaria o circunstancial es susceptible de enervar la presunción de inocencia, siendo un principio consolidad por la doctrina del Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones (a modo de ejemplo SSTC 174/1955 y 175/1985, ambas de 17 de diciembre de 1985. En ellas se avala la aptitud de la prueba indiciaria para como medio útil para contrarrestar la mencionada presunción, especialmente, en aquellos casos en los que se persiga evitar la impunidad de delitos múltiples (o a los que el Tribunal Supremo refiere como “cometidos con especial astucia”) pero no sin manifestar la prudencia con la que habrá de tomar este tipo de observaciones a fin de no elevar a “prueba de cargo” cualquier elemento simple y meramente sospechoso.

El planteamiento esencial por a través del cual se configura la prueba por indicios en nuestro Derecho Procesal radica en la relación entre los hechos/indicios y la hipótesis que los avala o sostiene así como el razonamiento que une ambas piezas produciendo un resultado que puede revestir una carga probatoria difícilmente abstraible, por lo que resulta indispensable analizarla en cada caso concreto. Los medios por los que regir este juicio de inducción lógica han sido analizados en diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, pronunciamientos que han pulido las reglas por las cuales reconducir estas hipótesis basadas en hechos plenamente acreditados en el seno del proceso hasta llegar a la consolidación de la prueba.

La STS 812/2016 elabora un catálogo a partir del cual entender el grado de eficacia probatoria que tiene cada uno de los hechos indiciarios al efecto de enervar la presunción de inocencia del acusado.

  1. Indicios equiparables, que serían aquellos que poseen tal envergadura que pueden ser utilizados, ya no solo para confirmar una hipótesis sino también para fundamentar otras alternativas paralelas o de similar grado de posibilidad.
  2. Indicios orientativos, aquellos que conectan, además de con la hipótesis acusatoria, con otra alternativa pero con un grado de probabilidad mayor en favor de la primera hipótesis.
  3. Indicios cualificados, también llamados de alta probabilidad, acrecientan sobremanera la probabilidad de la hipótesis acusatoria, no tanto por el propio indicado que lo sustenta sino fundamentalmente porque no se vislumbra ninguna hipótesis alternativa, y s los hechos hubieran ocurrido de otro modo, sólo el acusado estaría en condición de formular la contra hipótesis correspondiente.
  4. Indicios necesarios, aquellos que en aplicación de leyes científicas o de constataciones sin excepción, excluyen la posibilidad de cualquier alternativa a la hipótesis acusatoria. No son los indicios más frecuentes pero si son los más seguros (por ejemplo, comparación de ADN o rastreo de la I.P. y del número de serie de los componentes de un dispositivo electrónico)

Pero para conjugar estos hechos en relación con el restante contenido de fondo del proceso, el Tribunal Supremo, a través de las STSS 286/2016, de 7 de abril de 2016, y 615/2016, de 8 de julio de 2016, ha solidificado unos criterios adicionales según los cuáles, los meros hechos indiciarios, puedan conjugarse como una prueba de cargo sustantiva, atendiendo a la realidad del hecho y a la participación de los acusados en la comisión de los hechos.

  1. Pluralidad de los hechos-base o indicios; no es posible deducir de la existencia de un solo hecho, único, aislado, fundar la total convicción judicial (en los términos del artículo 741 de la LECrim). La doctrina, no obstante, se muestra cercana a la admisión de la eficacia probatoria y autónoma de estas circunstancias siempre y cuando, atendiendo a la naturaleza del indicio, sea considerado como indicio necesario y, en algunas ocasiones, también el indicio cualificado.
  2. Precisión respecto de la prueba de la comisión de hechos directos; que los hechos estén acreditados por prueba de carácter directo y ello para evitar riesgos inherentes que resultarían de admitirse una concatenación de indicios, con la suma de deducciones resultantes que aumentarían los riesgos en la valoración.
  3. Han de ser hechos periféricos respecto al dato fáctico a probar; no todo hecho es relevante y por ello resulta necesario que sea periférico o tangente con el dato a probar. De este carácter deriva la denominación que se le ha dado comúnmente a este tipo de prueba y que recibe el nombre de “circunstancial” por la relación que tiene con el hecho investigado.
  4. Interrelación, se exige que los datos estén no solo relacionados con el hecho nuclear precisado de prueba, sino también interrelacionados, es decir, como notas de un mismo sistema en el que cada una de ellas represente sobre las restantes en tanto en cuanto forman parte de él. La fuerza de convicción de esta prueba dimana no sólo de la adición o suma, sino también de esta imbricación.
  5. Racionalidad de la inferencia, NO ES UN MEDIO DE PRUEBA, se trata de UNA VALORACIÓN DE HECHOS INDIRECTOS PLENAMENTE ACREDITADOS. Por ello, entre estos y el dato precisado de acreditar ha de existir, tal y como expone el art. 1253 del Código Civil “un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano”, enlace que consiste en que hechos-base o indicios no permitan otras inferencias contrarias que pudieran ser igualmente válidas epistemológicamente.
  6. Expresión motivada de cómo se produjo la inferencia de la prueba respecto de los hechos en la instancia; si no se muestra el análisis inductivo manifiesto en la resolución que se hubiera alcanzado, no cabría entender alterada la convicción del Tribunal de instancia formada con arreglo a la normativa de los artículos 117.3 de la Constitución Española así como del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) à “El Tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia dentro del término fijado. Siempre que el Tribunal haga un uso del libre arbitrio que para la calificación del delito o para la imposición de la pena le otorga el Código Penal, deberá consignar si ha tomado en consideración los elementos de juico que el precepto aplicable de aquél obligue a tener en cuenta.” (Artículo 741 LECrim)

2. MATERIALES CONSULTADOS

Agencia Española de Protección de Datos, “Estudio. Figerprinting o Huella Digital del dispositivo”.

Barrio Andrés, M., “Los delitos cometidos en Internet, marco comparado internacional y derecho español tras la reforma penal de 2010”, La Ley Penal, Nº 86, Sección Legislación aplicada a la práctica, Editorial LA LEY, octubre 2011.

Castiñeira Palou, M. T., Robles Planas, R., “¿Cómo absolver a los “top manta”? (Panorama Jurisprudencial), InDret, Nº. 2, Barcelona, 2007.

Martínez Atienza, G., Seguridad Pública y Privada, vLex, 2016, págs. 195-212.

Ortega Matesanz, A., “Delitos contra la propiedad intelectual y responsabilidad civil”, Diario La Ley, Nº 9536, Sección Tribuna, Wolters Kluwer, 13 de diciembre de 2019.

Palop Belloch, M., “Las medidas de investigación tecnológica”, Justicia: Revista de derecho Procesal, Nº. 2, diciembre de 2017, págs. 443-490.

Planchadell Gargallo, A., “Especialidades procesales en la persecución de los delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial.”, EGUZKILORE, Nº. 21, diciembre, 2007, págs. 145 – 161.

Tirado Estrada, J. J., “La lucha penal contra la piratería física y digital. Elementos normativos y dinámica jurídico-práctica”. Actualidad Civil, Nº 4, Sección A Fondo, Editorial Wolters Kluwer, , abril 2015.

3. JURISPRUDENCIA CONSULTADA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
STC  17.12.1985 Nº 174/1985
STC  17.12.1985 Nº 175/1985
STC 20.06.1991 Nº 140/1991
STC 28.05.1992 Nº 82/1992
STC 13.10.1992 Nº 138/1992

 

TRIBUNAL SUPREMO
STS 27.12.2006 1281/2006 ECLI: ES:TS:2006:8462
STS 10.10.2005 1159/2005
STS 24.02.2003
STS 28.10.2016 812/2016 ECLI: ES:TS:2016:4672
STS 04.11.2019 532/2019

 

AUDIENCIA PROVINCIAL
SAP de Barcelona, de 22 de abril de 2002 (REC. 93/2002)

 


[1] La prueba por indicios, prueba indiciaria o prueba circunstancial no cuenta con una regulación propia en el seno del proceso penal. No obstante, el artículo 386,1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alude a las presunciones judiciales de forma que pueda transponerse al orden penal la existencia de estas mismas presunciones, con el debido acompañamiento y medida dentro del orden en el cual se van a contemplar.

De esta forma, el art. 386.1 de la LEC esgrime lo siguiente; “1. A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción.”

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