Influencers y la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual

La figura del creador de contenido (influencer) en redes sociales es algo compleja, más aún si partimos del estudio de esta figura en el entorno de la comunicación audiovisual.

Desde el punto de vista de funcionamiento de las plataformas, a pesar de no mantener una relación laboral como tal – si acudimos al artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores encontramos que las notas que caracterizan a la relación laboral como son el desempeño de un trabajo de forma consciente y voluntaria, retribuido, bajo la dirección de un tercero y la ajenidad del empleado respecto de los frutos, medios y responsabilidad patrimonial que corre a cargo del empleador, no se cumplen per sé – los usuarios que generan contenido y lo cargan a plataformas son el núcleo funcional de las mismas.

Quizá los ejemplos más claros que podemos referir son YouTube y Twitch como actuales paradigmas pero no perdamos de vista a otras plataformas como Facebook Gaming que son servicios perfectamente capaces de combatir con los gigantes del sector.

UNA PRIMERA APROXIMACIÓN GENERAL

Con el estallido de las redes sociales y el surgimiento de la figura – casi institución ya – del influencer (porque influenciador queda demasiado pretencioso) algunas líneas de los medios de comunicación tradicionales se han venido desdibujando hasta tal punto que, actualmente podemos ver una pugna directa entre la televisión y los medios de comunicación tradicionales y los nuevos formatos que hacen suyas grandes plataformas de creación de contenido.

Como no podía ser de otra forma, el legislador nacional era consciente de que este cambio de paradigma iba a suponer un conflicto de intereses de gran envergadura y, por ello, ya se hizo público el interés del mismo por regular los contenidos cargados por usuarios a plataformas desde el punto de vista de la comunicación audiovisual.

Estas pretensiones se han visto concretadas en la extensa Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA en adelante) cuyo objeto no es otro que regular la comunicación audiovisual de ámbito estatal, así como establecer determinadas normas aplicables a la prestación del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma (ex art. 1.1 de la LGCA)[1].

Así, tal y como apunta la propia Ley en su Exposición de Motivos:

La regulación, por tanto, debe partir del hecho de que, si bien los servicios de comunicación audiovisual tradicionales siguen representando un porcentaje importante del tiempo de visionado diario medio, los nuevos tipos de contenidos audiovisuales, como los vídeos cortos o el contenido generado por los usuarios, han adquirido mayor importancia y los prestadores (incluidos los de los servicios a petición y los de intercambio de vídeos a través de plataforma) están ya bien asentados. Todos estos servicios tienen un impacto considerable sobre los usuarios y compiten por la misma audiencia e ingresos con independencia del país en el que estén establecidos o la tecnología que utilicen.

HABLEMOS DE INFLUENCERS Y CREADORES DE CONTENIDO

Más allá del reconocimiento que hace el legislador en la Exposición de Motivos, el artículo 2 de la nueva LGCA introduce, en su apartado 13, la definición de Servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma:

[…] 13. Servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma: Servicio cuya finalidad principal propia o de una de sus partes disociables o cuya funcionalidad esencial consiste en proporcionar, al público en general, a través de redes de comunicaciones electrónicas, programas, vídeos generados por usuarios o ambas cosas, sobre los que no tiene responsabilidad editorial el prestador de la plataforma, con objeto de informar, entretener o educar, así como emitir comunicaciones comerciales, y cuya organización determina el prestador, entre otros medios, con algoritmos automáticos, en particular mediante la presentación, el etiquetado y la secuenciación. […]

Son varios los aspectos que quiero destacar de esta aproximación inicial. Por un lado, cuando el propio concepto hace referencia a un servicio cuya funcionalidad principal propia o de una de sus partes disociables no puedo sino tomar como ejemplo del mismo a la plataforma prisma de Google, YouTube como paradigma.

¿Por qué resulta un ejemplo de servicio disociativo con múltiples finalidades? Porque como sabemos YouTube ha experimentado diversas fases de crecimiento, expansión y evolución que le han llevado a separar servicios que, inicialmente, se ofertaban dentro de la plataforma – véase el ejemplo de YouTube Kids y YouTube Music[2] – de ahí que, en mi opinión, el legislador haya optado por dar cobertura a la totalidad de tipologías de servicios que pudieran derivar en la actualidad y en un futuro no muy lejano de otras plataformas como pudieran ser Facebook – con, por ejemplo, Facebook Gaming – o Twitch.

Por otro lado; sin necesidad de entrar en la generación de contenido para “informar, entretener o educar” – puesto que me suscita varias dudas aquel contenido que se sube a ciertas plataformas sin que su objetivo sea el de informar, entretener o educar ¿Un contenido neutro, sin objetivo aparente, que se pueda cargar a una plataforma quedaría circunscrito dentro de este tipo de comunicaciones electrónicas?

Por ejemplificar esta duda, ¿Qué ocurriría con todo el contenido vertido en la plataforma por parte de un usuario que la usa como un medio adicional de almacenamiento a pesar de estar dicho contenido publicado? De la totalidad de usuarios que crean una cuenta en YouTube, no todos ellos – a pesar de crear un “canal” dónde poder cargar este contenido – le dan el uso que prevé la norma. No sería la primera vez que un usuario sube un vídeo de un viaje que ha realizado, sin un objetivo concreto.

Y es ahí donde me surge la segunda de estas cuestiones ¿Qué podemos entender por “entretener” o “informar”? Son conceptos excesivamente amplios que pueden constreñir desde el contenido más neutral hasta el más elaborado a fin de que consiga recrear o distraer a un tercero. No todo el contenido creado y cargado a este tipo de plataformas sirve a estos tres propósitos – de ahí la existencia de categorías que permita diferenciar unos de otros – y, en opinión de este humilde redactor, a pesar de resultar algo incluso espurio, conocer el proceso de generación de contenidos y las estrategias detrás de este proceso creativo es vital. No obstante, no deseo pararme a debatir acerca de si un cierto contenido cumple estos parámetros previstos por la norma vigente.

Resulta interesante ver como el legislador ha dado cobertura a la introducción de elementos comerciales en la compartición de vídeos a través de plataformas remitiendo a la colocación de “espacios publicitarios” segmentados durante la reproducción de este tipo de vídeos y dejando la puerta abierta a otros medios para la colocación de comunicaciones comerciales. Bastaría con dirigirnos a Twitch – por encontrar una manifestación clara de este “entre otros” que estipula la nueva LGCA – para observar cómo, con la entrada de un usuario a un streaming ya iniciado, se suceden una serie de comunicaciones comerciales dispuestos de forma automatizada por la plataforma y, además, capacitado a los streamers para planificar la programación intermitente de comunicaciones comerciales adicionales durante la emisión en directo sin intromisión de lógica algorítmica de la plataforma.

Por todo lo anterior, no podemos sino concluir que la figura del creador del contenido y, por su propia naturaleza, los influencers son, en palabras de la nueva LGCA (ex art. 2.17 LGCA) prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma atendiendo, como trataremos más adelante, también a la presencia de los mismos dentro de estas webs y plataformas.

¿QUE HACER SI SOY INFLUENCER?

La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual prevé la creación de un Registro estatal de prestadores de servicio de comunicación audiovisual que también quedará integrado por los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma (ergo, los creadores de contenido e influencers) y que dependerá del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tal y como dispone el artículo 39.1 de este mismo cuerpo normativo.

Ahora bien, la inscripción en el registro no es preceptiva para la totalidad de prestadores de este servicio sino que, tal y como establece el art. 39.2, letra g) LGCA, deberán inscribirse aquellos usuarios de especial relevancia de los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94.2 de la LGCA.

¿Y quiénes serán estos usuarios? A los efectos de la LGCA tendrán la consideración de usuarios de especial relevancia aquellos usuarios que empleen los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma y cumplan DE FORMA SIMULTÁNEA (es decir, entendemos que han de darse TODOS Y CADA UNO de los requisitos exigidos por la norma) los siguientes requisitos:

“a) El servicio prestado conlleva una actividad económica por el que su titular obtiene unos ingresos significativos derivados de su actividad en los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma; [3]

b) El usuario de especial relevancia es el responsable editorial de los contenidos audiovisuales puestos a disposición del público en su servicio. [4]

c) El servicio prestado está destinado a una parte significativa del público en general y puede tener un claro impacto sobre él. [5]

d) La función del servicio es la de informar, entretener o educar y el principal objetivo del servicio es la distribución de contenidos audiovisuales.

e) El servicio se ofrece a través de redes de comunicaciones electrónicas y está establecido en España de conformidad con el apartado 2 del artículo 3. […]”

CONCLUSIÓN

Si bien es cierto que en esta publicación no hemos hecho sino rascar la superficie de algunos de los puntos principales de la LGCA que giran en torno a los creadores de contenido e influencers, no es menos cierto que hay otros apartados de este nuevo cuerpo normativo que requieren una dedicación mucho más detallada como pudieran ser los derechos reconocidos a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual respecto a la realización de comunicaciones comerciales (recogidos en los arts. 121 y ss. de la LGCA)

O incluso la que, en nuestra opinión, es una de las disposiciones más importantes de este texto legal, la Disposición Final Cuarta, por la cual se modifica la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (que introduce una nueva redacción en su artículo 6 por el cual se regula la aportación que los prestadores del servicio de comunicación televisivo y prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma de ámbito geográfico estatal o superior al de una Comunidad Autónoma) y que también supondrá una obligación para los creadores de contenido inscritos en el Registro Estatal así como para todos aquellos que, estando establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea, ofrezcan servicios específicamente dirigidos al territorio nacional.

Pero todas estas cuestiones son material para futuras publicaciones.

 

Influencer y comunicación audiovisual


[1] El punto 2 de este mismo artículo finaliza estableciendo lo siguiente: Igualmente se establecen las normas básicas para la prestación del servicio de comunicación audiovisual autonómico y local, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas y los Entes Locales en sus respectivos ámbitos.

[2] Cuyo lanzamiento oficial como servicio separado de la plataforma principal de Google – YouTube – se produjo el pasado 12 de noviembre de 2015. En lo que respecta a YouTube Kids, este servicio se creó con la idea de ofrecer un entorno seguro para los menores en el que pueden navegar por sí mismos, fomentando unos estándares de protección y dotando a los tutores legales y progenitores de los mismos de una serie de herramientas para realizar labores de control de contenido en función de los intereses de los menores y de su desarrollo.

[3] Encuentro algo oscuro la utilización de los términos “ingresos significativos” sin que se realice una acotación o una suerte de horquilla que funcione a modo de barómetro. En este punto resulta especialmente interesante acudir al artículo 160 del mismo cuerpo normativo (LGCA), para observar como el legislador a hora de elaborar el catálogo de sanciones muy graves (art. 160.1 LGCA), graves (art. 160.2 LGCA) y leves (art. 160.3 LGCA) omite por completo, ya fuera consciente o inconscientemente, la fijación de una cuantía mínima a partir de la cual poder dilucidar que prestadores de servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas quedan obligados a realizar tal inscripción en cumplimiento del art. 94.2 LGCA.

[4] La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, en su art. 2.2, define la responsabilidad editorial como ejercicio de control efectivo sobre la selección de los programas y sobre su organización, ya sea en un horario de programación o en un catálogo de programas. Es por ello que podemos entender que, a modo de ejemplo, la persona a cargo de un canal de YouTube, su creador y/o propietario (puesto que ambas posiciones no han de concretarse, necesariamente, en la misma persona) es el encargado de la programación y selección del contenido puesto a disposición de los usuarios.

[5] El legislador se ha percatado de la inmensa capacidad comunicativa y divulgativa de las nuevas plataformas, de ahí que esta previsión normativa no sea una expresión inocua. Los prestadores de servicios de intercambio de vídeos en plataformas (esto es creadores de contenido e influencers por igual) han de cumplir una serie de obligaciones para con los usuarios finales para los que se produce dicho contenido. Estas obligaciones quedan recogidas en los artículos 86 y ss. de la nueva LGCA, con un especial interés en la protección de los usuarios y de los menores frente a determinadas contenidos y comunicaciones comerciales así como de los valores y principios generales por los que vela la norma (art. 4 a 15 LGCA),

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