LA CONDICIÓN DE CONSUMIDOR Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA

Puede resultar poco práctico estudiar la condición de consumidor cuando nos referimos a una persona física, pero, ¿Quién de nosotros no ha ido a comprar un electrodoméstico o un producto electrónico y ha tenido algún problema?.

En situaciones tan comunes como esta, nos preguntamos ¿Qué puedo hacer como consumidor?. Pero, antes de todo esto,  primero es necesario pararse a valorar la siguiente cuestión: ¿realmente soy un consumidor?.

¿DÓNDE ENCONTRAMOS LA DEFINICIÓN DE “CONSUMIDOR”?

El artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (al que nos referiremos, en adelante, como TR-LGDCU) delimita el concepto de consumidor:

  • Son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Pero, además, el propio artículo 3.1 amplía la noción de consumidor a :

  • Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

Adelantamos que este concepto tiene una extensión muy superior al que aquí se plantea pero resulta necesario tener un punto de partida para continuar, más adelante el despliegue doctrinal y jurisprudencial que entre a valorar y a entender la condición de consumidor en cada caso concreto.

Al hilo de esto, precisamente, parece posible engarzar la noción de consumidor presentada en el artículo 3.1 del TR-LGDCU con un claro componente contractual. Por un lado, en el párrafo primero del artículo 3.1, se presenta al consumidor como persona física que actúa con un fin disociado de su actividad profesional o empresarial.

Veamos un ejemplo:

Sergio, que tiene un afán loco por degustar café de importación, acude a un local comercial especializado para adquirir granos de café de variedad 100% Arábica (su preferido). Una vez allí, adquiere 2 kilos de granos de café y un molinillo de café, ya que el que tenía en casa era viejo y ya no funcionaba como antes. En este caso, ¿Sergio entraría dentro de la noción de consumidor?.

La respuesta es , pero ¿por qué?:

    • Se trata de una persona física

    • Suscribe un contrato de compraventa cuya finalidad no está relacionada con su actividad comercial o empresarial.

Si en vez de realizar la compra para sí mismo, ésta hubiera sido para la cafetería de la que es dueño, ENTONCES, rompe con el esquema previsto en el párrafo primero del artículo 3.1 del TR-LGDCU. Al existir una finalidad o destino empresarial/profesional, no cabe conceder la condición de consumidor a Sergio.

El párrafo segundo del artículo 3.1 del TR-LGDCU apuesta por ampliar la condición de consumidor a las personas jurídicas y a aquellas entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro. Pongamos un ejemplo:

La Fundación Camino de la Lengua Castellana (cuyos fines son la promoción y difusión del conocimiento de la lengua castellana) compra a la empresa Factoria Vending S.L, por un total de 1.346 euros, una máquina de venta de snaks salados, para su sede, sita en Calle Portales núm. 2, en Logroño, La Rioja. ¿Gozaría de la protección del TR-LGDCU en calidad de consumidora?

De nuevo, la respuesta es SÍ.

    • Se trata de una persona jurídica (artículo 35. 1º del Código Civil)

    • El contrato suscrito con la mercantil Factoria Vending S.L. está fuera de su ámbito ajeno a su actividad comercial o empresarial.

No resulta difícil forzar los límites de esta suerte de definición, sobre todo si entramos a hablar de aquellos negocios jurídicos en los que la persona que celebra un negocio jurídico, por ejemplo una adquisición de una serie de bienes materiales, dispondrá de los mismos tanto en el ámbito privado como en el ámbito profesional. Son lo que se denomina contratos mixtos, que abordaremos más adelante.

En suma con todo lo anterior, el artículo 3.2 del TR-LGDCU, introduce (a través del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica) la noción de persona consumidora vulnerable, que no hace sino ampliar más aún lo que podemos llegar a entender como consumidor a efectos del TR-LGDCU. Pero de esta cuestión nos ocuparemos en otro post sobre las diversas interpretaciones que pueden emanar del contenido añadido al artículo 3.2 del TR-LGDCU.

Muchas gracias por leernos.

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