Isla energética y economía de guerra: España afronta la tormenta perfecta

El pasado 25 de marzo, la Unión Europea consideró a España (y Portugal) una isla energética (su nivel de interconexión gas-electricidad con el resto de Europa es solo del 2,8%). Debido a esos inconvenientes, el Gobierno español consiguió lo que quería: poder intervenir unilateralmente el mercado eléctrico nacional, disparado debido a las externalidades producidas por la guerra de Ucrania. Madrid se apuntó una victoria diplomática que estuvo en el aire hasta el último segundo. Finalmente, tanto Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo español; como su homólogo portugués Antonio Costa, se salieron con la suya.

El objetivo último de ambos gobiernos es hacer que el gas no sea la referencia para el precio de la luz. Esto es lo que ocurre en el mercado de la UE y conlleva dos consecuencias: eleva el precio para los consumidores y amplifica la rentabilidad para las empresas eléctricas, con los llamados ‘beneficios caídos del cielo’. El gas es la fuente de energía más cara para producir electricidad, pero las empresas suelen utilizar otras, como las hidráulicas, las renovables o las nucleares, más baratas. De esta forma, las compañías pueden maximizar su beneficio. Cumplir este objetivo dependerá del bloque comunitario; así que, por el momento, la lupa estará en horizontes más realistas.

La próxima tarea para el Gobierno español (y el luso) será presentar a Bruselas su plan de intervención del mercado eléctrico. Si la UE lo apoya, las medidas extraordinarias podrán adoptarse hasta el 30 de junio. El Ejecutivo español tiene varias opciones, como topar los precios, aumentar la cantidad impositiva a las eléctricas, desligar el gas de la electricidad como forma de cálculo o la más factible; actuar sobre la tributación de los beneficios caídos del cielo.

Y es que según adelantó este miércoles El País, buen conocedor de los asuntos de Moncloa; el Ejecutivo español limitará las ganancias extraordinarias de las eléctricas. Para ello, aplicará una minoración (reducción) de los beneficios de las eléctricas a partir de los contratos que se firmen o renueven a un precio superior a 67 euros/MWh. Esto es, que los proveedores asuman una parte de la subida del recibo eléctrico, haciendo que la factura sea menor para el cliente. Según apunta la OCU (Organización de Consumidores Unidos), la factura media para un hogar con tarifa regulada se elevó a 143,03 euros durante el mes de marzo.

Con el objetivo de reducir las consecuencias para los clientes y especialmente los más vulnerables, el Gobierno mantendrá además la reducción de la fiscalidad que ya aprobó durante el pasado verano. Tal y como ha anunciado el Ejecutivo, las medidas se mantendrán hasta el 30 de junio: reducción del IVA al 10%, supresión del impuesto sobre la producción (7%) y reducción del 5,11% al 0,5% del impuesto especial a la electricidad.

De cara a los más vulnerables, se ampliará la cobertura del bono social eléctrico, con un descuento del 60% para colectivos vulnerables y un 70% para colectivos vulnerables severos.

Economía de guerra y medidas de urgencia

El elevado precio de la luz supone solo un problema de los múltiples nubarrones que azotan a la sociedad española. Algunos, agravados por la guerra de Ucrania y otros, presentes ya desde hace varios meses en la economía. Se está formando una tormenta perfecta:

– La inflación se sitúa en el 9,8%, un máximo de hace 37 años, con una subida del 3% intermensual, a la cabeza de los países desarrollados. Aunque el Ejecutivo atribuyó el 73% de esta subida a la invasión rusa de Ucrania, los datos contradicen esta postura. Antes del estallido del conflicto, este indicador se situaba al 6%.

– La tasa de paro: según datos de Eurostat, España se sitúa en un 12,6% en febrero, la mayor de la UE. En cuanto a paro juvenil (menos de 25 años), el índice se disparó al 29,8%.

– La deuda pública asciende al 118,4% del PIB, tal y como indica un estudio del Banco de España. De ella, el 106,2% proviene solamente del Estado central.

– El precio de la gasolina ronda ya los 2 euros por litro en la mayoría de estaciones de servicio de España. Consecuencia directa de la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia.

La mala coyuntura económica, el desgaste de dos años de pandemia y la guerra de Ucrania han llevado a la población al estallido social; con dos focos importantes: por un lado, las protestas del mundo cazador-agrícola-ganadero por unos precios justos y por otro, el paro de transportistas, que está ocasionando escasez de alimentos como arroz y leche en algunos supermercados. Otros sectores como la pesca, la ganadería o la industria también están viéndose afectados, en un ‘efecto contagio’ indudable.

Para intentar calmar la situación, el Gobierno ha puesto en marcha algunas medidas, adaptadas a la economía de guerra y que estarán en vigor desde el 1 de abril hasta el 30 de junio:

Rebaja de 20 céntimos por litro en la gasolina para todos los automovilistas, conductores y profesionales. De estos, 15 los pondrá el Estado y 5 las gasolineras más grandes. En el caso de las gasolineras medianas y pequeñas, el Estado se hará cargo de los 20 céntimos.

16.000 millones de ayudas: 6.000 de ellas serán directas y 10.000 a partir de créditos ICO (avales con condiciones más ventajosas).

450 millones de ayuda directa para los transportistas: 1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por taxi, VTC o ambulancia.

– Ayudas por sectores: 362 millones de euros para la agricultura y la ganadería, 68 millones para la pesca y 500 millones para la industria con alto consumo energético.

Mejora del Ingreso Mínimo Vital en un 15% y ampliación del Bono Social Eléctrico a 600.000 familias.

– Limitación de la subida del alquiler al 2%, aunque podría ser mayor si se negocia.

Un horizonte gris tras varias crisis no resueltas

La economía española se enfrenta a una nueva crisis económica de proporciones difíciles de calcular. Lo hace sin haber superado los efectos de la crisis del coronavirus (2020-2021) y sin una recuperación idónea de la Gran Recesión de 2008. El riesgo es evidente y las autoridades deberán estar a la altura si quieren evitar circunstancias extremas, como un rescate a la griega. Solo el tiempo dictará sentencia.

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