La libertad de información y el derecho a la propia imagen.

Hoy vamos a hablar acerca de la libertad de información y el derecho a la propia imagen y es que no es extraño que con la ingente cantidad de plataformas web que existen, nuestra imagen se encuentre en un gran número de las mismas aun sin que nosotros seamos conocedores de ello. Para conocer la inmensidad y envergadura del asunto bastaría con indicar que, en la plataforma de vídeo de Google – esto es, YouTube[1]– se suben más de 300 horas de vídeo por minuto y se ven más de 5 billones de vídeos al día o, si preferimos otro medio distinto, en el caso de Twitter[2], diariamente se publican en torno a unos 500 millones de tweets y unos 350.000 tweets por minuto.

Con estos datos sobre la mesa, resulta, a priori, tener conocimiento de todas aquellas publicaciones en las que podemos llegar a ser mencionados de forma directa. Ni que decir tiene que, en aquellas situaciones en las que se nos puede mencionar de forma indirecta, la complejidad asciende sobre manera.

En palabras del Tribunal Constitucional, en su Sentencia 27/2020, de 24 de febrero; “[…] los usuarios han pasado de una etapa en la que eran considerados meros consumidores de contenidos creados por terceros, a otra -la actual- en la que los contenidos son producidos por ellos mismos. Con plataformas como Facebook, Twitter, Instagram o Tuenti, por citar solo algunas, los usuarios (porque jurídicamente ostentan tal condición) se han convertido en sujetos colaborativos, ciudadanos que interactúan y que ponen en común en redes de confianza lo que tienen, lo que saben o lo que hacen, y que comparten con un grupo más o menos numeroso de destinatarios -usuarios igualmente de la redes sociales en Internet todo tipo de imágenes, información, datos y opiniones, ya sean propios o ajenos […] de modo que en pocas décadas ha pasado de ser un sujeto pasivo receptor de información a un sujeto activo que elabora, modifica, almacena y comparte información.»

Para terminar de elaborar la ecuación, a menudo olvidamos que los medios tradicionales de comunicación y difusión siguen ahí, perpetuándose como una alternativa sólida a todos los procesos de digitalización y creciente autonomía “plataformera” que caracteriza al Internet de nuestros días. Pero ¿Dónde quiero llegar con todo esto? Empecemos pues desde el principio.

  1. LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN

Nuestra Carta Magna – Constitución Española (en adelante CE)-  recoge en el Capítulo II de su Título I los derechos y libertades fundamentales que se nos reconocen como ciudadanos, sin embargo el día de hoy deseo centrarme en su artículo 20 conocido por todos como aquel encargado de recoger la libertad de expresión (art. 20.1, letra a), la libertad de producción y creación literaria, artística, técnica y científica (art. 20.1, letra b), la libertad de cátedra (art. 20.1, letra c) y la libertad de información (art. 20.1, letra d).

Más concretamente, esta publicación se centrará en el último apartado del mencionado artículo, para centrarnos en la libertad de información y cómo ésta muchas veces puede entrar en conflicto frontal con otros derechos y libertades tales como el derecho a la propia imagen, a la intimidad o al honor.

Así, el artículo 20.1, letra d) de la CE dispone lo siguiente:

  1. Se reconocen y protegen los derechos:

“[…] d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.”

De igual forma, el art. 20.4 fija un límite a los derechos reconocidos en este mismo precepto de forma que su máxima sea el respeto a los demás derechos y libertades fundamentales comprendidos en el mismo Título, haciendo especial hincapié en la protección al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

Pero la realidad es mucho más compleja y obliga a realizar un examen de las circunstancias que concurren en cada caso para ponderar la acción tuitiva de uno y otro derecho; un juicio de ponderación que, en palabras del Tribunal Supremo no es sino “la operación racional y motivada de examinar el grado de intensidad y trascendencia con el que cada uno de los derechos fundamentales en colisión resulta afectado, con la finalidad de elaborar una regla resolutiva que permita solventar el conflicto objeto del proceso y, de esta manera, determinar cuál ha de prevalecer, en tanto en cuanto no existen derechos absolutos, que deban gozar de una incondicionada prioridad en cualquier contexto de enfrentamiento entre sus respectivos núcleos de protección jurídica.” (SSTS 48/2022, de 31 de enero y 318/2022, de 20 de abril)

El Tribunal Constitucional se ha manifestado acerca del derecho fundamental a la información en numerosas ocasiones (SSTC 104/1986, de 17 de julio, 139/2007, de 4 de junio y 29/2009, de 26 de enero, entre otras) acerca de su doble dimensión; diferenciando entre una dimensión activa que implica la acción de informar libremente y, de otro lado, la dimensión pasiva en la que el sujeto destinatario de dicha información la recibe. El matiz fundamental, como ya hemos indicado recae en que dicha información HA DE SER VERAZ – que la información difundida sea fruto de un estudio objetivo de la misma- sea cual fuere el medio a través del cuál se efectuara su difusión.

Siguiendo la STS 4896/2021, de 21 de diciembre (Rec. 3914/2021): “También declara que otro presupuesto común para que el ejercicio de ambas libertades fundamentales pueda legitimar la intromisión es la proporcionalidad en la comunicación de las opiniones o noticias, pues ni la libertad de información ni la de expresión amparan la vejación o el insulto (en este sentido, p. ej., la sentencia 384/2020, de 1 de julio). En cuanto al requisito de la veracidad, solo exigible cuando se trata del ejercicio de la libertad de información, la jurisprudencia puntualiza que cuando resulta afectada la imagen su relevancia es mínima o de menor transcendencia (p.ej. sentencias 518/2012, y 471/2011), pues la veracidad es inmanente a la imagen divulgada salvo que se pruebe que ha sido manipulada ( sentencia 446/2017, con cita de las sentencias 625/2012, de 24 de julio, 547/2011, de 20 de julio y 92/2011, de 25 de febrero)»

  1. CONFLICTO CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES

Ya hemos adelantado que no es extraño encontrarnos en contextos en los que la libertad de información atente frontalmente contra otros derechos fundamentales, encontrando un gran número de ejemplos en lo que refiere al derecho a la propia imagen.

La STS 626/2021, de 27 de septiembre señala, respecto al derecho a la propia imagen, que éste comprende una doble faceta que “atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación y le permita determinar que información gráfica generada por sus rasgos físicos personales puede tener dimensión pública. En su faceta negativa, otorga la facultad de impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero sin el consentimiento expreso del titular sea cual sea la finalidad perseguida por quien la capta”.

Por ello, la acción tuitiva del derecho a la propia imagen ha de partir de la existencia – o no- de declaración expresa e inequívoca del consentimiento de cada persona para proceder a la captación, reproducción y/o publicación de dicha imagen. Ahora bien, los derechos no son absolutos y, por ende, nos encontramos con una serie de limitaciones cuyo objetivo es funcionar como límite a esta dimensión negativa (ejemplo de ello son los límites fijados en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen).

Como expone la STS 691/2019, de 18 de octubre: “el interés de una persona por evitar la difusión de su imagen solo debe ceder ante la existencia de un interés público prevalente o ante la presencia de circunstancias legitimadoras de la intromisión», y en este sentido, aunque principalmente en supuestos en que el derecho fundamental afectado era el derecho al honor, pero también aplicable en relación con el derecho a la propia imagen (p.ej. sentencias 209/2020, de 29 de mayo, 446/2017, de 13 de julio, 426/2017, de 6 de julio, 80/2017, de 13 de febrero, 378/2015, de 7 de julio, 518/2012, de 24 de julio, 898/2011, de 30 de noviembre, 471/2011, de 15 de junio, y 125/2011, de 25 de febrero) la doctrina jurisprudencial también viene declarando que la concurrencia de un interés público prevalente en la opinión o información comunicadas -interés general o relevancia pública, sea por la materia, por razón de las personas o por las dos cosas, que en el caso de la proyección pública de las personas afectadas por la información se reconoce por razones diversas como la actividad política, la profesión, la relación con un importante suceso, la trascendencia económica o la relación social, entre otras circunstancias- es presupuesto común para no revertir en el caso concreto la prevalencia de la que gozan en abstracto las libertades de expresión e información frente a los derechos de la personalidad del art. 18.1 de la Constitución.”

A modo de ejemplo, acudiremos a la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 3212/2022 (Rec. 67/2021) para abordar de una forma más pragmática lo comentado hasta ahora.

  1. DERECHO A LA PROPIA IMAGEN Y LIBERTAD DE INFORMACIÓN

Antes de entrar al fondo sustantivo del asunto, veamos una breve recapitulación de los hechos:

  • El objeto del proceso se origina tras la proyección, en tres programas de televisión, de unas fotografías de un particular (al que me referiré en adelante como el actor) obtenidas a través de la plataforma YouTube y que fueron empleadas en la información sobre una operación contra el narcotráfico en la isla de Mallorca, en la que se encontraba implicado y por la que fue detenido.

 

  • El actor formuló demanda contra la entidad Mediaset España Comunicación, S.A. (en adelante Mediaset) en la que interesó se dictara sentencia declarando la existencia de una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen y solicitando el pago de 220.000 euros en concepto de indemnización así como la retirada de todas las imágenes reproducidas en los distintos reportajes.

 

  • El Juzgado de Primera Instancia Nº.4 de Palma de Mallorca fue el designado para conocer de la causa dictando finalmente sentencia en la que se consideró que la difusión de dichas imágenes vulneraba de forma efectiva el derecho a la propia imagen del actor al haber sido obtenidas sin su consentimiento de vídeos subidos por el hijo del actor a su canal de YouTube. Se estimó parcialmente la demanda y se condenó a la entidad Mediaset al pago de la cantidad de 30.000 euros y a la retirada, en todas las plataformas, de las imágenes publicadas.

 

  1. Contra dicha resolución, Mediaset interpuso recurso de apelación interesando la revocación de la sentencia de primera instancia y la correlativa desestimación de la demanda. La Audiencia razonó que, atendiendo a las imágenes atendidas, éstas no se correspondían con el interés público alegado por la parte recurrente al tratarse de imágenes del entorno familiar e íntimo del actor y, por ende, carentes de interés informativo además de haber sido obtenidas sin el consentimiento del titular de dichas imágenes. Contra dicha resolución, la entidad Mediaset interpuso recurso de casación.

 

Siendo, por tanto, conocedores de los entresijos y conflictos de los que trae causa el supuesto en cuestión, no podemos sino continuar con el Fundamento Jurídico Tercero de la resolución estudiada.

Ya hemos analizado previamente el juicio de ponderación en aquellas situaciones en las que colisionan derechos fundamentales así como la extensión de los derechos a la propia imagen (art. 18.1 CE) y a la libertad de información (art. 20.1, letra d) CE) por lo que procede atender directamente a la ponderación que hace el Tribunal Supremo de las circunstancias concurrentes (Fundamento Jurídico Tercero, punto Sexto).

Como punto de partida, el Tribunal fija tres pautas valorativas diferentes para esclarecer si la libertad de información ha de prevalecer sobre el derecho a la propia imagen del art. 18.1 CE, que son las siguientes:

  1. Que la información venga referida a un asunto de interés general o relevancia pública, sea por la materia, por razón de las personas o por las dos cosas.
  2. Proporcionalidad, es decir, que no se usen expresiones inequívocamente injuriosas o vejatorias.
  3. La veracidad como requisito legitimador de la libertad de información.

Con base en estas tres reglas, y atendiendo a las circunstancias del caso, el Tribunal Supremo resuelve, tras un minucioso análisis que por motivos de extensión no reproduciremos, que el derecho a la libre información de Mediaset prevalece sobre el derecho a la propia imagen del actor.

Asimismo, resulta interesante acudir a la jurisprudencia remarcada por el Tribunal Supremo (SSTS 1225/2003, de 24 de diciembre, 1024/2004, de 18 de octubre, 1184/2008, de 3 de diciembre, 311/2010, de 2 de junio) en cuanto a la importancia del consentimiento explícito e inequívoco por parte del sujeto para la utilización de una determinada imagen o una serie de imágenes sin olvidar – o dejar de lado – la finalidad determinada para las mismas, no legitimando la publicación de imágenes para fines distintos de los establecidos.

  1. CONCLUSIONES

Me gustaría concluir esta breve publicación haciendo referencia al inicio de la misma. Las nuevas plataformas y las redes sociales son ventanas abiertas de los usuarios para con el mundo, un mundo cada vez más digitalizado e interconectado.

La clave en situaciones como la del supuesto radica en el análisis que realiza el Tribunal para discernir si nos encontramos ante una intromisión ilegítima o ante un correcto ejercicio de la libertad de información. No obstante, son varias las dudas que pueden azuzarnos a la hora de valorar estas mismas circunstancias. Por ejemplo, la interconexión entre las imágenes publicadas, la finalidad para la que se destinasen estas imágenes y las expresiones con la que se pudieran referir determinados agentes dentro de una entidad a la hora de calificar, ya no de forma objetiva, determinados sucesos que pudieran tener – o no – un impacto relativo en la sociedad.

Elementos tan básicos como contrastar la información difundida y establecer un vínculo con un interés general como puede ser la realización de un operativo antidrogas no son ajenos a la necesaria veracidad del contenido difundido – siendo posible, no obstante, diluir en ciertos puntos esa relación entre la veracidad y la información calificada como objetivas con algún elemento que, sin ser vejatorio o difamatorio, pueda llegar a difuminar sutilmente la realidad de los hechos.

Todo ello forma parte de una misma ecuación a la que el Tribunal ha de dar respuesta partiendo de los factores que orbitan en torno a los hechos acaecidos. Y en la sociedad en la que vivimos, estas decisiones han de ser precisas a fin de mantener el delicado equilibrio entre los derechos y libertades de los ciudadanos.

 


[1] Información recuperada de FortuneLords y su artículo “40 Mind blowing YouTube facts, figures and statistics – 2022”, por Danny Donchev, publicado el día 1 de agosto de 2022. Recuperado de: https://fortunelords.com/youtube-statistics/

[2] Información recuperada de “More than 50 facts and statistics of Twitter 2022”, por Matt Ahlgren, publicado el día 26 de mayo de 2022. Recuperado de: https://www.websiterating.com/es/research/twitter-statistics/#:~:text=500%20millones%20de%20tweets%20se,minuto%20se%20publican%20350%2C000%20tweets.

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