El concepto de «Prosumidor» en el Derecho de Consumo

¿Quién no ha usado de vez en cuando alguna aplicación como Wallapop o Vinted para dar salida a algunas cosillas que ocupaban demasiado espacio o que ya no tenían utilidad? ¿Y quién no ha tenido dudas acerca del estado de los productos que se anuncian en este tipo de páginas web y aplicaciones?

Hoy volvemos a zambullirnos, nuevamente, en el Derecho de Consumo para hablar de un caso muy particular, que no es otro que la figura del “Prosumidor”. Pero antes, vamos a dar unas breves pinceladas sobre que es el “Prosumidor”.

  1. CONCEPTO.

1.1. Concepto general.

El concepto de “Prosumidor” (“prosumer” en inglés) no es un concepto propio del mundo jurídico. Al contrario, no hay una noción propia asignada a unas características o naturaleza jurídica per sé. Por ello para dar respuesta a la pregunta ¿QUÉ ES? Propongo saltarnos el “vallado” normativo que circunscribe el mundo jurídico para aterrizar en terrenos del marketing digital.

Viajamos al pasado, concretamente hasta la década de los 80, en la que el autor estadounidense Alvin Toffler acuñó por primera vez el término “prosumer” en su obra “La Tercera Ola”. Toffler definía este híbrido entre “producer” (productor) y “consumer” (consumidor) como “un usuario que tenía un rol activo en la producción de productos y servicios que consume.”

Esta definición ha quedado totalmente desactualizada tras ver el impacto de la sociedad digital y, sobre todo, cómo la tecnología y las TIC se han incorporado en nuestra vida cotidiana hasta configurar una suerte de simbiosis absoluta con el individuo, con el consumidor.

Sí, como hemos indicado antes, nos trasladamos al ámbito del marketing digital (o marketing 3.0) esta definición se adapta y moldea para dar forma a una “especie” de consumidor que, a la par, reúne las funciones que cualquier “desarrollador” o “productor” llevaría a cabo en el proceso de creación y/o consolidación de una marca de productos o servicios.

Pongamos un ejemplo sencillo.

(1.) Nuestros lectores tienen acceso a Internet, muchos de ellos tendrán redes sociales e incluso cabe la posibilidad de que nos sigan en algunas de ellas. Si cualquiera de nuestros lectores decidiera comentar alguna de nuestras publicaciones para darnos un “feedback”, ya fuera positivo o negativo, sobre cualquiera de nuestras publicaciones, cumpliría la función de “prosumer” desde una perspectiva de usuario.

(2.) Si, por ejemplo, Lato Sensu fuera una asesoría jurídica y este usuario nos dejase una reseña sobre cómo hemos gestionado alguna de sus consultas, también se trataría de un “prosumer” pero, esta vez, dentro de una relación contractual entre un consumidor y un empresario y, por ende, nos encontramos en el terreno del derecho de consumo, que es el que abordaremos en este artículo.

1.2. Conceptualización jurídica.

Obviamente, si nos adentramos en el entramado jurídico, tendremos que contar con la salvaguarda de conocer la existencia de una definición propia, adaptada a la realidad jurídica y a la relación que mantienen las partes. Conocer la naturaleza contractual del servicio prestado por el empresario al usuario o consumidor que así lo ha solicitado o adquirido.

El primer problema surge cuando tenemos que aplicar las nociones básicas del “prosumer” al encaje conceptual que presentan los artículos 3 y 4 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (en adelante TR-LGDCU), que contienen la definición de consumidor y empresario, respectivamente.

Con independencia del concepto de “consumidor” de los Libros III y IV del TR-GDCU, se entienden por consumidor a; las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, así como aquellas personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno al de su actividad profesional, empresarial o comercial.

Así, no habría problema en afirmar, siguiendo los ejemplos que he mencionad antes, que el usuario que ha mantenido un negocio jurídico con Lato Sensu se enmarca dentro del concepto ofrecido por el artículo 3 del TR-LGDCU. La dificultad surge cuando ampliamos el horizonte funcional de la figura del “consumidor” tradicional con la nueva realidad ofrecida por los “prosumers”.

Este “obstáculo” interpretativo se materializa cuando el consumidor o usuario medio de un servicio hace de la interacción con este servicio una pseudo-actividad comercial. Para poner un ejemplo en este aspecto rescato las primeras líneas del presente post.

Ejemplo; Si un particular, usuario de una aplicación web como es Wallapop crea una cuenta con un “alias” o pseudónimo y comienza a vender productos en esta plataforma, podemos afirmar que nos encontramos ante este híbrido entre “productor” y “consumidor”.

El eje del conflicto se encuentra situado en esa tenue línea que separa – o mejor dicho, puede separar – a la persona física entendida como consumidora de aquella que pasa a convertirse en un “empresaria” por convertir ese servicio en su actividad comercial o profesional principal.

Llegados a este punto es obligada la siguiente cuestión. ¿Entonces si llevamos a cabo compraventas, permutas o cualesquiera negocios jurídicos equivalentes en aplicaciones o servicios web como Wallapop y similares, tendremos nosotros la condición de empresario en todo momento? La respuesta, a priori, es negativa aunque ello no obsta para que la respuesta cambie si atendemos a las circunstancias de cada caso.

Para ilustrar esta perspectiva, vamos a tratar el Caso Kamenova que resuelve la Sentencia – de la Sala Quinta – del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 4 de octubre de 2018 (Asunto C-105/17). Pero este caso lo abordaremos en el próximo post dedicado íntegramente al caso.

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